Aseguran que el precio que dio el presidente de 2 mil 500 pesos es imposible y esta son las razones según ellos.
De una regularización de vehículos simple que prometió el presidente, López Obrador (AMLO), la Secretaría de Hacienda está cambiando las reglas a tal grado que ahora se convierte en un proceso de importación que costaría a la gente, por lo menos, mil 600 por ciento más de lo que menciona el presidente; es decir, que de dos mil 500 pesos se elevaría hasta 40 mil pesos.
Esto lo denunciaron Jesús Humberto Meza Almeida y Miguel Campos Piñón, secretario general y coordinador de la zona fronteriza en Chihuahua de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar A.C. (Onappafa).
Manifestaron tener temor del anuncio del Gobierno del Estado sobre el decomiso de vehículos que quedan fuera del decreto, es decir, todo cuyo número de serie comience con letra y no con número, como los ensamblados en Estados Unidos.
De acuerdo con Meza y Campos, cuatro de cada 10 vehículos ‘chuecos’ que circulan en Chihuahua comienzan con número porque fueron ensamblados en Japón, Alemania, Brasil y otros países, que también llegan a México a través de la frontera con Estados Unidos. En total, se calculan alrededor de 60 mil.
Los líderes de la organización mencionaron que, incluso, se tuvo que modificar el decreto a partir de que AMLO, en Michoacán determinara durante rueda de prensa que se incluirían a los vehículos que se encontraran en territorio nacional hasta el 31 de diciembre, y no hasta octubre, como decía de manera original.
“La cuestión es que el presidente está mencionando de manera verbal, sobre todo en las mañaneras, un decreto totalmente diferente a los que sus asesores y secretarios están plasmando en el reglamento, porque no tienen idea; dice el presidente que se van a pagar dos mil 500 pesos, pero ya a la hora de revisar jurídicamente el documento, son dos mil 500 pesos más los aranceles”, comentó Campos Piñón.
Dentro de los cobros de impuestos y derechos que se contemplan, se encuentran: el 16 por ciento del valor anexo, impuesto general de importación (50 por ciento del valor del vehículo), Carfax (historial del vehículo), así como revisiones ecológicas, electrónicas y honorarios de las agencias aduanales.
“¿Cómo el presidente menciona que el decreto es para la gente más vulnerable?, si en el reglamento se está manejando en las aduanas que cobrará el 50 por ciento del valor del vehículo, más los dos mil 500, más el costo de la aduana, más el replaqueo, que en total hacen que el costo del trámite supere los 40 mil pesos”, insistió.
Humberto Meza Almeida resaltó que, lejos de una medida social que procura López Obrador, si no se modifica el decreto terminará resultando una afectación y persecución al patrimonio de las familias de varios estados del país.
“Nosotros participamos en un proyecto en Economía y en el SAT (Servicio de Administración Tributaria) en el cual se iba a hacer una regularización, mas no una importación. Yo pienso que en realidad quieren perjudicar a López Obrador, porque todavía en diciembre, dijo que todos los vehículos que trajeran los paisanos iban a ser regularizados, sin importar modelos, marcas, tipos y líneas, y ahora ya nos están dejando fuera a muchos”, manifestó Meza.
Precisó que en el proyecto en el que participaron de manera original, contemplaban a todos los carros a través de una regularización simple, “donde se iba a hacer un papel oficial como factura y se iban a pagar los dos mil 500 pesos y se iba a dar eso para plaquear a la gente, pero ahorita ya nos enredamos con aduanas, importación, título, y que si hay que presentar el carro en el puente… toda una estrategia contraria a lo que ha estado manejando el presidente”, lamentó.
“Están muy pendientes las autoridades estatales para ver en qué falla el decreto y de inmediato actuar con violencia, en lugar de tratar de resolver el problema social que tenemos; no procede que me quiten el carro bajo el amparo de la palabra del presidente”, concluyó.
Nota tomada del diario.mx
